Responsabilidad administrativa en materia de inquilinato en el GAD Municipal Santiago de Píllaro
El presente trabajo de investigación aborda un tema crucial en el campo del derecho público y la administración pública. El informe se centra en la responsabilidad administrativa en relación con la regulación de alquileres y enfatiza la falta de normativa específica en el cantón Santiago de Píllaro,...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | masterThesis |
| Pubblicazione: |
2025
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/45180 |
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Aggiungi Tag | Riassunto: | El presente trabajo de investigación aborda un tema crucial en el campo del derecho público y la administración pública. El informe se centra en la responsabilidad administrativa en relación con la regulación de alquileres y enfatiza la falta de normativa específica en el cantón Santiago de Píllaro, lo que genera un vacío legal que afecta la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propietarios e inquilinos. La autonomía política, administrativa y económica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Locales (GAD) establecida por la Constitución de la República del Ecuador (2008) permite a cada cantón regular diversos aspectos de la vida local, incluidos los arrendamientos. La falta de regulaciones específicas en Píllaro limitó la capacidad de la administración local para responder eficazmente a los desafíos relacionados con el alquiler de inmuebles. El estudio analiza cualitativa y descriptivamente la situación actual y propone el desarrollo de normas especiales que garanticen la seguridad jurídica, protejan los derechos de las partes y promuevan el desarrollo urbano y rural sostenible. Los resultados indican una necesidad urgente de una regulación equilibrada y justa de los contratos de alquiler, que tenga en cuenta, entre otras cosas, las condiciones de vida, los derechos y obligaciones de las partes, los mecanismos de garantía y los procedimientos de resolución de conflictos. La propuesta de reglamento propone adaptar estas disposiciones a las particularidades locales para garantizar una convivencia pacífica y justa en la comunidad, promoviendo la legalización de los contratos de alquiler y creando mecanismos efectivos para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos. |
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