La extralimitación estatal de la autotutela administrativa en materia tributaria

La autotutela administrativa en materia tributaria refleja uno de los problemas jurídicos actuales más relevante a nivel nacional. En este sentido, la cadena argumentativa propuesta en el presente trabajo responde a una secuencia lógica de ideas que permitirán conducir al lector a una conclusión res...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Vega Armijos, Katy Kenise (author)
Format: bachelorThesis
Publicat: 2015
Matèries:
Accés en línia:https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28271
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Descripció
Sumari:La autotutela administrativa en materia tributaria refleja uno de los problemas jurídicos actuales más relevante a nivel nacional. En este sentido, la cadena argumentativa propuesta en el presente trabajo responde a una secuencia lógica de ideas que permitirán conducir al lector a una conclusión respecto del límite de actuación del funcionario ejecutor dentro del escenario de la coactiva tributaria, determinando la existencia o no de una extralimitación estatal. De ahí, la importancia de cada uno de los capítulos contenidos en la tesis. La distinción practicada entre proceso y procedimiento es fundamental en el entendimiento del enfoque consignado a la coactiva y las diferentes atribuciones que en el Ecuador, la normativa se ha encargado de conferir a los representantes de la Administración Tributaria en ejercicio de la prerrogativa estatal de autotutela administrativa ejecutiva. Así, las fases comprometidas en el procedimiento administrativo responden a la actividad reglada del funcionario ejecutor. Sin embargo, el modelo escogido a ser aplicable en la coactiva ecuatoriana no responde a las nuevas inclusiones normativas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado LFAYOIE y la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales LOPDDL constituyen dos de las reformas normativas más importantes dentro del escenario coactivo tributario a nivel nacional porque arrastran una serie de modificaciones: en ciertas etapas procedimentales y en las competencias del funcionario ejecutor encargado de la pronta y eficaz recuperación de los adeudos fiscales.