Inseguridad jurídica en la gestión administrativa del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito - Mediavilla Yandún, Mercedes Estefanía (2023)
La Constitución de la República del Ecuador, CRE, adoptada en el año 2008, trajo consigo un cambio en el paradigma de la organización territorial del Estado. El artículo 239 de la norma constitucional dispuso la creación de un régimen de gobiernos autónomos descentralizados (en adelante GAD’s), regido a través de su propia ley, y un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo. La característica principal de los GAD’s implica la autonomía política, administrativa y financiera de los mismos. Así, al estudiar el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en adelante GADDMQ, y su situación jurídico-administrativa actual en lo relativo a la estructura orgánica vigente, y la preocupante falta de expedición de un Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, resulta necesario analizar: (i) la seguridad jurídica de las actuaciones ejercidas por cada dependencia municipal, en razón a sus competencias, (ii) la desconcentración y delegación de competencias sin un análisis estructural y único; y, (iii) la creación de nuevas dependencias municipales, tanto por el órgano legislativo -Concejo Metropolitano-, como por la máxima autoridad del ejecutivo - Alcalde- del GADDMQ. En ese contexto, surge la siguiente interrogante: ¿La falta de adopción de un Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos por parte del GADDMQ, aunada a su ambigua estructura orgánica, afecta la institucionalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito? Para el efecto se utilizará la metodología de investigación cualitativa, pues en lo principal se recurrirá a la recolección de datos cualitativos y al análisis normativo y doctrinario del tema propuesto. El objeto de esta investigación es determinar si existe un marco jurídico claro respecto a la organización de competencias del GADDMQ; y de sus entes desconcentrados y delegados, con la finalidad de evitar que, en la práctica ciertas actuaciones de los mismos no cuenten con sustento legal para el ejercicio de sus atribuciones, lo que provocaría una posible arrogación de competencias y falta de institucionalidad del citado gobierno autónomo.