Inconvenientes en la aplicación de la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública por la profusión de procedimientos precontractuales - Proaño Calle, Verónica Estefanía (2010)
El Estado moderno frente a las necesidades de la sociedad en búsqueda del bien común, interviene como proveedor de obras, bienes y servicios y como regulador de prestaciones. Las personas a su vez tienen el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características1. En esa misma línea, la Constitución postula en el artículo 85, numeral 1, que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivo el buen vivir…” Esa obligación del Estado de prestar mayores y mejores servicios públicos2, es lo que en mi opinión da origen a los contratos administrativos o públicos, sujetos a un régimen de derecho público, bastante diferente a la denominada contratación civil o privada en la que lo esencial es el consentimiento de las partes. En contratación pública, por el contrario, lo que prima es el procedimiento que señala la ley, al que deben someterse, tanto el ente público, como el particular que pretende contratar con él. El contrato por tanto surge del procedimiento previsto en la ley, y da lugar a una relación desigual -impensable en contratación privada- en la que la administración, a nombre del interés público que representa, impone las condiciones al particular...