Inconstitucionalidad de la facultad del consejo de la judicatura para determinar la competencia de órganos jurisdiccionales a través de resoluciones - Ayala Herrera, Isaac Alexander (2018)
Una de las instituciones jurídicas de mayor trascendencia para el correcto desenvolvimiento y administración de la justicia es la competencia, a la que históricamente se la ha definido como la medida de jurisdicción distribuida en los diferentes órganos jurisdiccionales, es decir, un concepto tan banal como mediocre, que da cuenta de la necesidad de analizarla y dedicarle un espacio crítico a efectos de emitir conclusiones coherentes sobre su regulación en el Ecuador. En aquel espacio, entonces, se abordarán temas de significativa importancia, empezando por la estructura del Estado del Ecuador y, en especial, la de la Función Judicial, para, gradualmente, profundizar en el análisis de la jurisdicción y la competencia, del que se colegirá la existencia de una reserva legal respecto de esta última institución. En esta secuencia de temas a tratar, el lector advertirá que el principal de ellos es, precisamente, la reserva de ley en materia de competencia de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial que la Constitución de la República del Ecuador instauró en 2008. Como se verá, la obligación de regular aquella materia mínimamente mediante ley no es una novedad, toda vez que ha existido hace décadas atrás, mas lo que sí resulta llamativo es como ha sido soslayada tanto por autoridades con potestad normativa como por doctrinarios y tratadistas nacionales, lo cual ha degenerado en su desconocimiento a través del orden jurídico infraconstitucional, en el que, actualmente, se permite al Consejo de la Judicatura regular la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial a través de resoluciones. Frente a tan complejo panorama y ante la imperiosa necesidad de plantear una solución integral, el examen de aquella problemática fue producto de un estudio enfocado no solo desde un ámbito puramente normativo, sino también práctico que consideró las exigencias reales de la administración de justicia, del cual se derivó la obligación de proponer una declaratoria de inconstitucionalidad y una modificación a la norma suprema, a efectos de permitir al Consejo de la Judicatura regular la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial a través de resoluciones pero únicamente en razón del territorio. Como corolario de lo expuesto, el lector se percatará que las propuestas realizadas a través del presente análisis buscan coadyuvar a salvaguardar los derechos de los justiciables, pero, primordialmente, a armonizar el sistema jurídico al que se someten aquellos.