La sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario de la mujer que se embaraza después de la comisión del delito: criterios para su procedencia - Salazar Flores, Mayra Dayana (2019)
La prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio, excepcional, que responde a los criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y sobre todo el respeto a la presunción de inocencia que lleva implícito. En la actualidad, se sigue cometiendo arbitrariedades con respecto a esta medida cautelar privativa de libertad, se la utiliza como regla general y no como una excepcionalidad, es así como en nuestra legislación propendiendo el garantismo de los derechos existe la sustitución de la prisión preventiva, a la que cualquier ciudadano puede acogerse, sin embargo, en la actualidad no existe un criterio unificado ya que algunos jueces niegan la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario a las mujeres que se embarazan después de la audiencia de formulación de cargos, y otros la aceptan, sin tomar en cuenta que son un grupo de atención prioritaria con doble vulnerabilidad y merecen la protección estatal tanto para la madre, como para el nasciturus; es evidente que este tema se ha quedado en la invisibilidad, con la investigación se ha intentado esclarecer los criterios de aplicabilidad tanto para la prisión preventiva, cuanto para la sustitución de la misma evitando que se genere vulneración tanto a derechos constitucionales como a la seguridad jurídica. Es necesario que exista una interpretación en pro de los derechos de este grupo ya que, aunque la norma sea facultativa por establecer que el juez podrá dar la sustitución, o no. Nos encontramos ante una laguna legal que puede ser solventada con resoluciones emitidas por la Corte Constitucional, o por una corrección literal de la norma en al que se establezca que se deberá aplicar la sustitución, evitando así la vulneración a los derechos constitucionales y sobre todo evitando una inseguridad jurídica, ya que los jueces son quienes dan certeza jurídica a los ciudadanos ecuatorianos.