Aproximación al análisis del proceso de descentralización ambiental 2008 – 2015. Casos de estudio: gobiernos autónomos descentralizados provinciales de Chimborazo y Tungurahua; gobiernos autónomos descentralizados municipales de Mejía y Valencia, Ecuador - Chicaiza Flores, Mayra Alejandra (2017)
La descentralización ha sido un tema recurrente en la historia política de América Latina (Boisier; 1987). Del cual Ecuador no ha sido la excepción, el tema en nuestro país surge con mayor o menor fuerza dentro de los distintos procesos políticos históricos. La descentralización debe producir un nuevo funcionamiento al interior de los distintos niveles de gobierno, al mismo tiempo debe ser un proceso que, en vez de desarticular estos niveles, permita una nueva articulación basándose en la integralidad del Estado y la totalidad de sus interrelaciones verticales y horizontales; lo que implica profundizar el sistema democrático desde un enfoque territorial y espacial; la importancia de lo local y de la planificación física es fundamental, no únicamente para definir ejes de desarrollo y potencializar las capacidades de cada territorio, sino también para construir desarrollo desde la comunidad local, como espacio más cercano al sentido de pertinencia (Muñoz y Falconí, 2007). Actualmente las diversas competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son asignadas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), las mismas que son asumidas y ejercidas de acuerdo a sus capacidades de gestión territorial e institucional. Con respecto a la aplicación, gestión y descentralización de las competencias ambientales son varias las instituciones gubernamentales responsables, entre las que se destaca: el Consejo Nacional de Competencias, creado como organismo rector del Sistema Nacional de Competencias, tras la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Ministerio del Ambiente (MAE) quien es el encargado de delegar las competencias ambientales a otras entidades gubernamentales como los Gobiernos Autónomos Descentralizado (GAD), Direcciones Ambientales, entre otros.