Retenciones en la fuente por pagos al exterior y los convenios para evitar la doble imposición

La presente investigación se enfocará en el análisis sobre el tratamiento que se ha dado a los convenios de doble tributación a través de los años y las consecuencias jurídicas de la reciente reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que limita el alcance de los convenios de doble tributación,...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Flores Ruiz, Lorena Alexandra (author)
Formato: masterThesis
Publicado: 2017
Subjects:
Acceso en liña:https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28656
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Descripción
Summary:La presente investigación se enfocará en el análisis sobre el tratamiento que se ha dado a los convenios de doble tributación a través de los años y las consecuencias jurídicas de la reciente reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que limita el alcance de los convenios de doble tributación, a través de la imposición de límites para su aplicación automática. Conforme lo establece la Constitución del Ecuador, la aplicación de los tratados y convenios internacionales está sobre las leyes y demás normativa que rige en el Ecuador, es así que al ser la Constitución la norma suprema del Estado, debe ser respetada y aplicada por todos los ciudadanos de ese Estado. Cuando un Estado en ejercicio de su soberanía ratifica un tratado internacional se autolimita en su independencia y automáticamente se somete al ordenamiento internacional. Se entiende que en aplicación de los principios de derecho internacional público los estados van a respetar el acuerdo y no lo van a condicionar a condiciones jurídicas o políticas internas. Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno de abril de 2016 surge un cuestionamiento respecto al respeto a la Constitución del Ecuador, por parte del legislador y la Administración Tributaria, quienes en uso de sus facultades han transgredido los principios constitucionalmente reconocidos. Precisamente, en esta investigación se pretende analizar estas interrogantes y evaluar si el legislador y la Administración Tributaria han vulnerado los derechos constitucionales reconocidos en la Carta Magna.