Impugnación de los actos emitidos por las empresas públicas creadas por decreto ejecutivo
Las empresas públicas son instrumentos de política económica, social y pública, empleadas por el Estado, para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y, el desarrollo de otras actividades econ...
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2020
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description | Las empresas públicas son instrumentos de política económica, social y pública, empleadas por el Estado, para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y, el desarrollo de otras actividades económicas, por tanto, son parte de la estructura estatal, que tienen como premisa la realización de los fines del Estado. En este trabajo investigativo, planteo que en el cumplimiento del objeto de creación, las empresas públicas realizan actividades administrativas, en virtud de una potestad pública y, actividades de gestión industrial o comercial, participando como un actor más del mercado, en consecuencia, más allá de que la normativa ecuatoriana, las defina como sociedades de derecho público, a las empresas públicas les rige tanto el derecho público como el derecho privado, en razón de sus actividades, de las que se generarán actos de naturaleza administrativa o civil, aspectos que en la actualidad no están previstos de manera clara en el ordenamiento jurídico, siendo indispensable su delimitación. Por otro lado, considerando que, dentro de un Estado social de derechos y justicia, es fundamental el respeto a los derechos, principios y garantías establecidas en favor de las personas, por parte de toda entidad y organismo que actúa bajo una potestad pública, estando obligados, a ceñir sus actuaciones a la norma, es importante contar con instituciones jurídicas que puedan ser empleadas para frenar o corregir arbitrariedades, desviaciones del poder o violaciones al derecho; instituciones que con fundamento en los derechos de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica deben ser eficaces y efectivas. En este contexto, señalo que, en la actualidad, la normativa aplicable a las empresas públicas, no ofrece claridad y certeza sobre aspectos indispensables para su gestión y, aún más preocupante, limitan el accionar de los particulares respecto de las actuaciones de estas entidades estatales, en total violación al principio de legalidad. Por ello, la intención de este trabajo es analizar la normativa vigente, plantear los problemas existentes en su aplicación, en torno a las empresas públicas y, específicamente a las empresas públicas creadas por decreto ejecutivo y, presentar alternativas de solución. |
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