Análisis de proporcionalidad de la norma que ordena la privación de la libertad de una persona con la finalidad de garantizar el interés superior del niño - Villagrán Hurtado, Freddy Mauricio (2017)
Con la promulgación de la norma constitucional aprobada en Montecristi en el año 2008, la cual fue ratificada mediante referéndum, por el pueblo ecuatoriano, se instauró en nuestro país, un nuevo escenario constitucional, donde los derechos constitucionalmente reconocidos adquieren una importancia que nunca antes habían tenido en los textos constitucionales. De ahí que, su reconocimiento y ejercicio ya no depende de su desarrollo en la norma legal expedida por el órgano legislativo, sino que los mismos, constituyen el fin mismo sobre el cual deben enmarcarse todas las actuaciones de los órganos que ejercen el poder público, sus delegatarios, e inclusive los particulares. Por tal consideración, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República, los derechos se ubican como una fuente primigenia e integradora en la actividad constitucional, por lo tanto, es indispensable otorgarles su reconocimiento y los medios adecuados para su protección. En tal sentido, el constituyente ha establecido un amplio catálogo de derechos, con supremacía constitucional, es decir de aplicación directa e inmediata, que delimita la actividad estatal, dotado de garantías constitucionales para brindar protección, en caso de que los mismos se vean vulnerados o transgredidos. Estas garantías son de tres clases: las garantías jurisdiccionales, normativas y las institucionales o de políticas públicas. A partir de los conceptos del nuevo modelo constitucional, el cual será objeto de análisis en el presente trabajo, bajo un esquema que permitirá en un primer momento un estudio de las garantías como medios de protección de los derechos y su evolución hasta nuestro modelo constitucional vigente. Posteriormente, observaremos como el desarrollo de estas garantías en las normas infra-constitucionales, dan la apertura, por una parte, a un análisis de la tarea de los jueces, y por otra del legislador. Finalmente, el estudio estará dedicado a un análisis de las resoluciones judiciales tomadas dentro de la praxis judicial, por los operadores de justicia, para llegar a determinar cuál es la forma de argumentar jurídicamente sus decisiones frente a los derechos que se encuentren en conflicto. Con este esquema, concluiremos en un enfoque dentro de la protección de los derechos constitucionales, que asegure la efectividad de la misma en la actividad jurisdiccional, de tal suerte que su existencia y aplicación dentro de la materia que es objeto de estudio, permita brindar recomendaciones y una propuesta que conlleve un apoyo doctrinario y práctico para los operadores de justicia, profesionales del derecho, estudiantes y particularmente para todas las personas involucradas en los procesos judiciales respectivos.