La obligatoriedad del respeto al precedente por la Corte Constitucional del Ecuador: entre límites y coherencia - Orellana Vallejo, Santiago Javier (2023)
El precedente [law making] es un mecanismo jurídico en el que una decisión judicial [leading case] —obligatoria [binding precedent] o persuasiva [persuasive precedent]— asienta uno o varios asuntos de derecho [ruling] desde los hechos de un caso concreto [case law], para desarrollarse en sentencias posteriores [stare decisis, distinguish, overruling] como fuente de derecho en los sistemas jurídicos del common law, esto es en: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Desde esos lugares, las virtudes tradicionales de la autoridad del precedente, tales como: producir certeza, confianza, evitar arbitrariedades, limitar o controlar la actividad judicial, generar igualdad y eficiencia, solo son posibles desde la coherencia decisional y no desde la ley que emana del congreso [statue law]. El Ecuador adopta la obligación de respeto al precedente [esto implica, a contrario sensu, que las cortes no deben alejarse de las decisiones pasadas], a pesar de no pertenecer a un sistema jurídico del common law sino del derecho romanogermánico o civil law; lugar en que el precedente está ausente, ya que, la fuente del derecho es la ley —que emana de la asamblea— y se complementa con la jurisprudencia. Esta investigación jurisprudencial tiene por objetivo cuestionar la existencia de la coherencia entre los dichos precedentes de la Corte Constitucional del Ecuador [CCE], para lo cual, delimito el examen a las sentencias relevantes sobre el control de constitucionalidad y de motivación. Combinando el método jurisprudencial con el dogmático adopto una orientación sistematizadora y descriptiva del precedente, de la legitimación en la labor de la CCE desde la teoría democrática de la constitución y de la coherencia decisional. Los resultados revelan que no existe coherencia entre los llamados precedentes sobre el control de constitucionalidad, además, se evidencia que la CCE ha disfrazado al precedente como jurisprudencia constitucional en el derecho de motivación. Esta práctica desnaturaliza al precedente, pone en duda la labor de la CCE en la consolidación de una teoría democrática de la constitución y genera incertidumbre en sus futuras decisiones.