La aplicación del principio de congruencia procesal en el proceso penal: análisis crítico desde la perspectiva del derecho a la defensa

La aplicación del principio de congruencia procesal supone la necesaria correspondencia entre lo acusado por Fiscalía y lo resuelto en auto o sentencia por el Juez o Tribunal de Garantías Penales en el ejercicio de la acción penal pública que depende de la acusación fiscal. El principal presupuesto...

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التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Zambrano Ruilova, Cristian Fabián (author)
التنسيق: masterThesis
اللغة:spa
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://hdl.handle.net/10644/6157
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الملخص:La aplicación del principio de congruencia procesal supone la necesaria correspondencia entre lo acusado por Fiscalía y lo resuelto en auto o sentencia por el Juez o Tribunal de Garantías Penales en el ejercicio de la acción penal pública que depende de la acusación fiscal. El principal presupuesto del juicio penal es la acusación fiscal que a su vez entraña una investigación objetiva y garantista donde se han de establecer de forma precisa y adecuada los hechos que se acusan, la conducta típica que corresponde a tales hechos y la atribución de responsabilidad a una determinada persona para cumplir el deber de satisfacer la existencia de la infracción conforme a derecho, la responsabilidad penal y el nexo causal entre estos dos elementos para poder controvertir el estado de inocencia. El derecho de defensa aparece como requisito de validez del pronunciamiento realizado por el Juez o el Tribunal de Garantías Penales; y este derecho a su vez se ejercita por el conocimiento preciso y adecuado de los hechos y de la calificación jurídica de la conducta atribuida a la persona que se ha defender en el juicio, de forma tal que no es accidental o contingente su ejercicio, es mandatorio y a tal punto tan o más vinculante que la acusación fiscal; por ello en este trabajo se destacará que la defensa debe conocer de qué se va a defender y tener la garantía de que el fallo que se dictará versará sobre los hechos y calificaciones jurídicas imputadas, que jueces y fiscales cumplirán sus roles y los primeros no suplirán las deficiencias de los segundos y que si las acusaciones son defectuosas y por ende carecen de demostración probatoria lo ético es ratificar la inocencia y no sorprender a la defensa.