Control jurisdiccional de la ejecución penal en Ecuador - Campoverde Sánchez, Diego Sebastián (2022)
El castigo es un mecanismo de gestión de conflictos presente a lo largo de la historia de la humanidad, cuando este castigo es regido por el Estado y para protección de derechos fundamentales, estamos frente al Derecho penal, el cual habilita como sanción la imposición de penas. Bajo la forma de gobierno de República el juzgamiento de infracciones penales corresponde a la función judicial, a los jueces, en tanto que el cumplimiento de las sanciones corresponde a la función ejecutiva, a la administración pública. Históricamente el control de la ejecución penal ha correspondido a la propia administración pública, sin que se prevea controles externos y mucho menos control judicial; sin embargo, desde inicios del siglo XX se ha discutido la necesidad de control judicial de la ejecución penal, como un contrapeso al poder absoluto de la administración, por lo que se ha creado la figura de un juez de control de la ejecución penal. Bajo estas consideraciones, el Estado ecuatoriano a partir de la Constitución de 2008 instituyó una justicia especializada para el control de la ejecución penal, a través del juez de garantías penitenciarias, como mecanismo de control del cumplimiento de las sanciones penales, supervisión del sistema nacional de rehabilitación social y garantía de los derechos de las personas sentenciadas penalmente y de los derechos de las víctimas. En la presente investigación se plantea un estudio integral de la previsión normativa de esta jurisdicción especializada, con el fin de conocer si la legislación ecuatoriana sobre esta materia es eficaz, para lo cual se presentan tres capítulos en los que se analiza la cuestión teórica, normativa y práctica de esta justicia especializada. En lo principal se concluye que en el caso ecuatoriano existe una confusión conceptual del juez de ejecución penal, que la legislación es confusa, contradictoria e insuficiente; y, que la implementación de esta jurisdicción especializada es un proceso inconcluso y dilatado, por lo que se determina que la previsión normativa del control judicial de la ejecución penal es ineficaz.