La acción de protección en el Ecuador: efectividad y alcances - Martínez Molina, Dunia Carmita (2024)
La acción de protección es la garantía constitucional más importante para la protección de los derechos constitucionales en el Ecuador. De su efectividad y adecuado funcionamiento depende la vigencia de los derechos y la real existencia de un Estado constitucional. Esta finalidad fue la inspiración que guio a los constituyentes Montecristi para introducir cambios importantes y un nuevo diseño y alcance de esta garantía con el objetivo de superar las falencias del amparo constitucional venido a menos. Pese a esto, tanto la historia constitucional ecuatoriana como la actual realidad normativa y práctica demuestran la persistencia de yerros y el nacimiento de un sinnúmero de falencias que nos permite concluir su relativa falta de efectividad. La comprensión de su importancia, naturalezas jurídicas y características procesales, se desvelan en su funcionamiento evidencia graves limitaciones. En este contexto, esta investigación trata de determinar cuáles son los mayores yerros y obstáculos para su adecuado funcionamiento, producto de la actuación legislativa y judicial constitucional. Por ello, se busca analiza la efectividad de la garantía de la cual sus principales actores son los órganos judiciales y la garantía del cumplimiento de dos temas estrechamente vinculados, la naturaleza jurídica procesal de la garantía, como el acceso a la tutela judicial efectiva en materia de acción de protección que para ser efectivo requiere el cumplimiento de la sentencia. Para llegar a estas conclusiones se han analizado tanto la doctrina ecuatoriana sobre la materia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la acción de protección, 371 sentencias de acción de incumplimiento sobre sentencias de acción de protección así como 792 sentencias de acciones extraordinarias sobre sentencias de acción de protección presentadas hasta 2018 a la Corte Constitucional del Ecuador. En suma, este estudio sin desatender el contenido formal establecido constitucional y legalmente busca determinar, en la realidad jurisdiccional ecuatoriana, cuáles son los obstáculos más acuciantes para alcanzar las finalidades de la acción de protección.