Cumplimiento del Buen Gobierno en cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres de la provincia de Tungurahua - León Palacio, Ricardo Edison (2023)
En Ecuador, en el periodo 2007 al 2022, según datos de la extinta Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), se da cuenta del cierre de 784 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), que representan el 64,21% del total nacional, como consecuencia de problemas relacionados con: incumplimiento de la legislación, crisis financieras, decisión voluntaria de la dirigencia, entre otras, aspectos muy relacionados con la forma de gobernar estas instituciones. Ante este problema, la presente investigación, propone orientaciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento del gobierno cooperativo del sector natural de la Economía Popular y Solidaria (EPS), los segmentos tres, cuatro y cinco. Los objetivos propuestos, se centran en: determinar las condiciones para el cumplimiento del buen gobierno; establecer los beneficios de estas buenas prácticas; aportar al cumplimiento de la legislación vigente; y, proponer un modelo de gestión que forme parte de la planificación estratégica de la institución. El concepto de buen gobierno, se lo presenta desde dos enfoques, de entrada, lo definido como gobierno corporativo vinculado a las sociedades de capital, corriente de pensamiento desarrollada con mayor fuerza y, además, lo definido como gobierno cooperativo, que prioriza las COAC, organizaciones que se constituyen en la motivación central del presente estudio. En la legislación ecuatoriana, se definen las funciones que deben cumplir los miembros de las COAC, en el nivel de gobierno, integrado por la asamblea de socios o representantes; el nivel directivo conformado por los órganos de administración y control; y, el nivel operativo, constituido por el representante legal y las áreas operativas. Los resultados al final permiten ratificar ciertos aspectos que afectan la gobernabilidad de las COAC, entre otros: i) problemas en el cumplimiento de su objeto social; ii) deficiente aplicación de la legislación vigente; y, iii) limitada adopción de los valores y principios cooperativos.