La inmutabilidad del contrato administrativo en el Ecuador y sus efectos jurídicos – operativos

El presente trabajo investigativo pretende dilucidar si los contratos administrativos suscritos al tenor de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pueden ser modificados, ya sea a través de la facultad exorbitante del ius variandi o en su defecto, por medio de disposición y fac...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Chiriboga Mena, Diego Francisco (author)
Format: masterThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2016
Fag:
Online adgang:http://hdl.handle.net/10644/5308
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Beskrivelse
Summary:El presente trabajo investigativo pretende dilucidar si los contratos administrativos suscritos al tenor de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pueden ser modificados, ya sea a través de la facultad exorbitante del ius variandi o en su defecto, por medio de disposición y facultad expresa de la norma. En tal virtud, el trabajo analiza la doctrina administrativa más relevante respecto a las modificaciones de los contratos administrativos, así como las razones que justifican tal postura. También se analiza la tesis doctrinaria opuesta, es decir, aquella que determina que los contratos administrativos no pueden ser modificados como regla general. En el segundo capítulo del presente trabajo, se realiza un análisis exegético de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el SERCOP con el fin de determinar cuál de las dos tesis doctrinarias se encuentra vigente en el Ecuador y las razones de dicha afirmación, para posteriormente concluir, si es plausible o no la modificación de los contratos suscritos al tenor de la norma mencionada. Finalmente, en el capítulo final, se analizan las consecuencias jurídico y operativas que se desprenden de la postura doctrinaria escogida por el constituyente ecuatoriano al momento de expedir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, observando y utilizando para el efecto, la experiencia y práctica que se desprende de varias instituciones públicas en la aplicación de la norma en estos ocho años de vigencia.