Aplicación del test de proporcionalidad al disponer la prisión preventiva en accidentes de tránsito. - Liquinchana Herrera, Melanie de los Angeles (2024)
Los delitos de tránsito en Ecuador están tipificados por el Código Integral Penal (COIP, 2024), los que cubre desde lesiones hasta la muerte. Estos delitos afectan un bien jurídico protegido y pueden resultar de negligencia, impericia o circunstancias desconocidas para el conductor. El proceso penal exige demostrar el acto cometido y establecer el nexo causal entre la infracción y la responsabilidad penal, asegurando que la fundamentación fiscal sea suficiente y clara para permitir la aplicación de medidas cautelares basadas en los elementos de convicción presentados. Durante la investigación penal, es crucial que los jueces de garantías penales garanticen el debido proceso y regulen adecuadamente la política criminal en un Estado de Derecho, para evitar decisiones arbitrarias, especialmente bajo presión mediática. El transporte tiene un impacto significativo en las actividades económicas y el comercio, beneficiando a diversos sectores. Sin embargo, también presenta peligros inherentes y requiere un conocimiento adecuado de las normas de conducción. La prisión preventiva es una medida cautelar aplicada antes de dictar una sentencia, basada en los elementos de convicción y la conducta del presunto autor, la que únicamente solo debe ser aplicable en casos de peligro de fuga y se evalúa cuidadosamente para asegurar su conformidad con el derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que su uso debe ser excepcional para evitar la sobrepoblación carcelaria y proteger los derechos humanos. El problema jurídico se centra en la aplicación de la prisión preventiva en delitos de tránsito, evaluando si se respetan los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y legalidad. Es fundamental investigar si estas medidas se aplican justamente y conforme a derecho, especialmente en contextos de alta presión mediática, debido a que existen casos en los que imponer la medida cautelar de la prisión preventiva es considerada excesiva y violatoria de los derechos constitucionales del imputado, conforme análisis casuístico.