Los contratos inteligentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. - Vela Ponce, Bolívar Leonardo (2024)
En el contexto actual, marcado por una creciente digitalización de la economía y las relaciones comerciales, los contratos inteligentes emergen como una innovación tecnológica clave. Su desarrollo, impulsado por la expansión de la tecnología blockchain, plantea nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito jurídico. La capacidad de estos contratos para ejecutar acuerdos automáticamente, sin participación de intemediarios, promete revolucionar la forma en que se realizan transacciones, reduciendo costos y aumentando la eficiencia. Sin embargo, esta innovación también plantea interrogantes sobre su encaje dentro de los marcos legales existentes, especialmente en lo que respecta a la regulación de los derechos fundamentales y la protección de los consumidores. El concepto de contrato inteligente, introducido por Nick Szabo en la década de los 90, encontró su viabilidad práctica con la aparición de blockchain y criptomonedas como el Bitcoin. Esta propuesta de contratos que se autoejecutan mediante protocolos criptográficos ha ganado terreno, permitiendo la automatización de obligaciones contractuales de manera segura y descentralizada. Este avance no solo facilita la celebración de acuerdos, sino que asegura su cumplimiento eficaz, configurándolos como una forma avanzada de contratación electrónica. En este escenario, es imperativo que los sistemas legales reconozcan y se adapten a las particularidades de los contratos inteligentes. Esto implica no solo definir su naturaleza jurídica y función económica sino también establecer normativas claras que resuelvan cuestiones relacionadas con su irrevocabilidad, automatización y los derechos de las partes. La falta de una normativa específica que aborde estos aspectos deja un vacío legal que podría obstaculizar la implementación eficaz de estas tecnologías y la protección adecuada de los usuarios. La evolución hacia una regulación de los contratos inteligentes requerirá de un esfuerzo colaborativo entre legisladores, la industria tecnológica, juristas y la sociedad.