Análisis comparativo de los Sistemas de Protección a Victimas y Testigos de Ecuador y Colombia en torno al cumplimiento de la reparación integral.

Los sistemas de justicia deben crearse para servir a la comunidad y sus necesidades urgentes, son quienes imparten esta justicia los llamados a desarrollar acciones, cuerpos legales, asignar recursos y proveer a las instancias que ejercen justicia de los requerimientos necesarios para que cada depar...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Brito Palacios, Pamela Johana (author)
Formatua: masterThesis
Hizkuntza:spa
Argitaratua: 2022
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28647
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Deskribapena
Gaia:Los sistemas de justicia deben crearse para servir a la comunidad y sus necesidades urgentes, son quienes imparten esta justicia los llamados a desarrollar acciones, cuerpos legales, asignar recursos y proveer a las instancias que ejercen justicia de los requerimientos necesarios para que cada departamento pueda trabajar adecuadamente, en este contexto se menciona que en el estudio se busca determinar que la legislación procesal penal ecuatoriana tenga coincidencias con la legislación colombiana en el seguimiento y cumplimiento de la reparación integral en víctimas y testigos, lo que se pudo determinar que en cuanto a las leyes existen muchas similitudes, sin embargo, Ecuador no ha avanzado de la misma forma en la aplicación de las medidas de protección que se dicten, las instituciones públicas no cumplen adecuadamente con el rol que les compete para evitar que exista la revictimización de las víctimas, que a pesar de haber pasado instancias judiciales, deben segur padeciendo problemas por la ineficiencia de las entidades encargadas de brindar la protección o el cumplimiento de sentencias en este orden, por tanto, se ha definido que debe existir más allá de cuerpos legales un trabajo conjunto entre la función judicial, la policía nacional y otros organismos vinculantes que permita brindar la seguridad que requieren las víctimas o testigos, en los que se debe incluir a los funcionarios públicos que por la naturaleza de sus cargos se vean afectados por esta condición también.