Diagnóstico del modelo de gestión social dentro de los presupuestos participativos en la mancomunidad de gobiernos parroquiales del norte de Pichincha, periodo 2019-2020 - Cachipuendo Vásquez, María Victoria (2022)
La constitución aprobada en Montecristi en el año 2008; permitió definir un nuevo escenario para la descentralización en el país, el Estado en el nivel seccional precisó sus competencias exclusivas sin coartar la posibilidad de concurrir de manera organizada, formal y coordinada entre estas, al tiempo que cada órgano administrativo de gobierno (consejo provincial, municipal y juntas parroquiales) dieron el salto de la democracia representativa a una participativa, al involucrar a la ciudadanía como una función más y así conformar el gobierno autónomo descentralizado. Las Juntas Parroquiales en este escenario tuvieron la gran responsabilidad de mirar al desarrollo local de forma integral, asumiendo sus competencias, dar vida a la función de la participación ciudadana y el control social. En el caso del cantón Pedro Moncayo; los Gobiernos Parroquiales han unido sus gestiones y conocimientos para poder generar una asociatividad, dejando de lado afinidades políticas, demás contextos y coyunturas territoriales, con el único fin de ánimo de cumplir con una planificación local donde prima la participación social para la toma de decisiones locales. Este modelo de gestión pretende mediante el diagnostico definir que la Mancomunidad tiene un rol es de facilitador, asesor, coordinador y negociador, en ningún momento pretender quitar el protagonismo de los representantes de las Juntas Parroquiales electos por voto popular, y definir que, con una correcta aplicación de la participación ciudadana, se puede generar procesos de planificación, transparencia y control social. La Mancomunidad conformada por las Juntas Parroquiales de Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi han consolidado política y técnicamente mediante la figura de la asociatividad una modelo de gestión social que busca ser eficiente, efectivo y responsable en la transparencia y el manejo de los recursos públicos apegado a la planificación de su estructura en los presupuestos participativos