Aplicación del principio de lesividad y la política criminal en el tráfico ilegal de migrantes en el Ecuador

En el Ecuador la migración es un derecho constitucional que garantiza la libre movilidad de personas dentro y fuera del país y que asegura que nadie será considerado como ilegal por su condición migratoria, además la misma Carta Magna propende la atención de las necesidades básicas encaminadas a mat...

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Автор: Vaca Saravia, Adriana Belén (author)
Формат: bachelorThesis
Мова:spa
Опубліковано: 2022
Предмети:
Онлайн доступ:http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27064
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Резюме:En el Ecuador la migración es un derecho constitucional que garantiza la libre movilidad de personas dentro y fuera del país y que asegura que nadie será considerado como ilegal por su condición migratoria, además la misma Carta Magna propende la atención de las necesidades básicas encaminadas a materializar el valor supremo de la dignidad humana. Sin embargo, el derecho a la movilidad humana se ha visto limitado por una normativa desarrollada en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que ha venido a constituirse en la consagración de políticas criminales diseñadas a partir de criterios y consideraciones sociológica y políticas que introducen criterios de migración irregular como una práctica delictiva. El COIP en el artículo 213 tipifica el tráfico ilegal de migrantes con una redacción que desnuda la penosa realidad de una práctica legislativa ausente de consensos o de criterios orientadores que podrían tener la academia o las universidades. Es decir, para que una actividad sea visibilizada en la legislación penal como delito debe atender requisitos mínimos como la identificación de los elementos objetivos y subjetivos lo suficientemente claros, debe suponer la observancia de principios comprendidos en el bloque de constitucionalidad, en la doctrina y en la normativa penal, como se desarrolla en esta investigación al principio de lesividad, sin olvidar de un estudio previo a la elaboración de políticas criminales que se adecúen y respondan a las necesidades actuales de control social dentro de los parámetros de respeto a los derechos fundamentales de los individuos y las colectividades.