Análisis jurídico de las Políticas Públicas de ingreso a Colombia, Ecuador y Perú frente al flujo migratorio venezolano entre 2018-2021.

El éxodo venezolano es uno de los episodios de movilidad humana más problemáticos en la región, durante el último lustro. Los marcos normativos entre los Estados de Colombia, Ecuador y Perú enfrentaron tensiones políticas, sociales y económicas, desencadenadas por esta ola migratoria, que puso bajo...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Tapia Torres, Raquel Sarahí (author)
Formato: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicado em: 2022
Assuntos:
Acesso em linha:http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28718
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Resumo:El éxodo venezolano es uno de los episodios de movilidad humana más problemáticos en la región, durante el último lustro. Los marcos normativos entre los Estados de Colombia, Ecuador y Perú enfrentaron tensiones políticas, sociales y económicas, desencadenadas por esta ola migratoria, que puso bajo la lupa las decisiones legales de las políticas migratorias de estos países colindantes. Sin embargo, el advenimiento de la pandemia del COVID-19 provocó giros inesperados en sus decisiones legales para el ingreso a sus territorios. Por ejemplo, la República de Colombia –el mayor Estado receptor–, que antes de la pandemia se había negado a regularizar a los migrantes forzados de Venezuela, cambió su política durante la pandemia y creó un reglamento especial para el efecto. Sin embargo, hay escaso conocimiento sobre la acción gubernamental de Colombia, Ecuador y Perú frente a esta ola migratoria. Por eso, esta investigación se propone analizar las políticas de ingreso que adoptaron Colombia, Ecuador y Perú frente a la migración forzada venezolana, contrastando lo que hicieron antes y durante la pandemia del COVID-19. Empleando un estudio de tipo observacional, enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, que utiliza el análisis documental y comparado para determinar los cambios y continuidades en las políticas migratorias de los tres países; encontrando que la normativa varió so pretexto de la pandemia del COVID-19, dejando de lado la realidad del impacto de la ola migratoria y el conflicto que se generó en los países de estudio por las diferencias normativas que implementaron.