Aplicación del procedimiento directo en los delitos de tránsito y la violación de principios y derechos fundamentales de las partes procesales
El procedimiento directo se instauro en el Ecuador el 10 de agosto de 2014, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 180, como un procedimiento especial, el cual, rige en los delitos calificados como flagrantes, cuando la pena privati...
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المؤلف الرئيسي: | |
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التنسيق: | masterThesis |
اللغة: | spa |
منشور في: |
2019
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الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20262 |
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الملخص: | El procedimiento directo se instauro en el Ecuador el 10 de agosto de 2014, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 180, como un procedimiento especial, el cual, rige en los delitos calificados como flagrantes, cuando la pena privativa de libertad no exceda los cinco años de prisión y/o en los delitos contra la propiedad cuyo avaluó de daños materiales no superen los 30 salarios básicos unificados del trabajador; este procedimiento se caracteriza por concentrar en una sola audiencia todas las etapas del proceso, la duración de este procedimiento es de máximo 10 días plazo, contados desde la audiencia oral y pública de calificación de flagrancia y formulación de cargos, plazo éste que ha originado graves transgresiones a los principios y derechos fundamentales reconocidos a las partes procesales en la Constitución de la República del Ecuador y los Instrumentos Internacionales, tales como el principio de inocencia, prohibición de autoincriminación, imparcialidad, los derechos a la tutela judicial efectiva, el legítimo derecho a la defensa, a una reparación integral justa, equitativa y proporcional tanto para la víctima como para el procesado, el derecho a someterse a un método alternativo de solución de conflictos, a contar con el tiempo adecuado para preparar una defensa técnica; violaciones estas generadas también por la promulgación de resoluciones emanadas por Órganos Jurisdiccionales, las cuales han sido creadas con el afán de llenar vacíos legales, sin tomar en consideración que esta normativa es inconstitucional y contraría a derecho. |
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