Carencia de Normas Jurídicas de Control Financiero por parte del Estado y su incidencia en el destino inadecuado de los recursos económicos recibidos por las entidades religiosas.

La relación Estado-Iglesia ha evolucionado como resultado de las diferentes etapas históricas por las que ha atravesado nuestro país, desde la Conquista y la Colonia en las que la Iglesia ejercía desmedido poder social, político y económico, hasta la República, época en la cual se produce la separac...

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Κύριος συγγραφέας: Reyes Navarro, Alicia Alexandra (author)
Μορφή: bachelorThesis
Γλώσσα:spa
Έκδοση: 2015
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5959
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Περιγραφή
Περίληψη:La relación Estado-Iglesia ha evolucionado como resultado de las diferentes etapas históricas por las que ha atravesado nuestro país, desde la Conquista y la Colonia en las que la Iglesia ejercía desmedido poder social, político y económico, hasta la República, época en la cual se produce la separación de estas dos instituciones, gracias a la denominada Revolución Liberal, que fue el hito de trascendentales cambios, entre ellos, el reconocimiento del derecho a la libertad de cultos en las constituciones subsiguientes, así como el establecimiento de la facultad del Estado para ejercer su poder sin que exista injerencia de la Iglesia. El Estado tiene la potestad de regular dentro de su territorio toda actividad realizada por personas naturales y jurídicas, cualesquiera que estas fuesen, a fin de que exista orden social; todo lo que se encuentre o forme parte de su territorio se encuentra supeditado al Estado; sin embargo, por otra parte también tiene la obligación de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, con fundamento en la veracidad de esta afirmación, se ha identificado la necesidad del establecimiento de normas jurídicas eficaces de control financiero de las entidades religiosas, con el propósito de evitar que se destine de manera inadecuada los recursos percibidos por aquellas y no se desvíen de sus fines altruistas; así como promover el ejercicio del derecho de participación ciudadana y control social, puesto que considerando la naturaleza de las entidades religiosas (instituciones privadas pero de interés público) de acuerdo con la Constitución, tienen la obligación de rendir cuentas de su administración, al mandante, el pueblo ecuatoriano.