La aplicación del procedimiento directo y el derecho del procesado al principio de imparcialidad. - Orozco Armas, Flavio Heriberto (2023)
El presente estudio relacionado a la aplicación del procedimiento directo y el derecho del procesado al principio de imparcialidad, establecido en el artículo 640 del COIP, tiene como objetivo determinar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales aplicadas en el procediendo especial directo, durante el desarrollo del procedimiento directo se vulnera derechos fundamentales así como principios establecido en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto toda persona procesada tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, característica del procedimiento directo mismo que concentra todas las etapas procesales en una sola audiencia, siendo el mismo juez unipersonal que conoce y califica el hecho delictivo como flagrante, posteriormente siendo el mismo que conoce y sustancia la etapa de juicio en el procedimiento directo, debiendo decidir sobre la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, violentándose con ello la seguridad jurídica, e imparcialidad del juez. Si bien el legislador ha creado procedimientos especiales con la finalidad de resolver los procesos en el menor tiempo posible bajo el principio de celeridad y de evitar excesiva carga procesal en las diferentes unidades judiciales, sin embargo al aplicarse el procedimiento directo se vulnera el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, así como el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, como lo determina la Corte Constitucional en varias sentencias de acciones extraordinarias de protección.El presente estudio relacionado a la aplicación del procedimiento directo y el derecho del procesado al principio de imparcialidad, establecido en el artículo 640 del COIP, tiene como objetivo determinar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales aplicadas en el procediendo especial directo, durante el desarrollo del procedimiento directo se vulnera derechos fundamentales así como principios establecido en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto toda persona procesada tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, característica del procedimiento directo mismo que concentra todas las etapas procesales en una sola audiencia, siendo el mismo juez unipersonal que conoce y califica el hecho delictivo como flagrante, posteriormente siendo el mismo que conoce y sustancia la etapa de juicio en el procedimiento directo, debiendo decidir sobre la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, violentándose con ello la seguridad jurídica, e imparcialidad del juez. Si bien el legislador ha creado procedimientos especiales con la finalidad de resolver los procesos en el menor tiempo posible bajo el principio de celeridad y de evitar excesiva carga procesal en las diferentes unidades judiciales, sin embargo al aplicarse el procedimiento directo se vulnera el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, así como el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, como lo determina la Corte Constitucional en varias sentencias de acciones extraordinarias de protección.