La acción extraordinaria de protección y su falta de procedimiento para la recuperación de compensaciones económicas de sentencias ejecutoriadas. - Dávila Zambrano, Aquiles Roger (2020)
El proceso judicial en el Ecuador, se ha desarrollado de manera lenta pero progresivo, conforme a las décadas gubernamentales de afinación política que se ha vivido en el país, el sistema judicial solicitaba cambios, el anterior proceso que se desarrollaba de manera escrita colapsaba; y, es ahí que la relevancia del sistema procesal ecuatoriano que se da desde la implementación y reforma del marco constituyente, la cual conllevo a nuevos estándares procesales, como es el procedimiento oral, creándose figuras garantistas en el cuerpo legal denominado Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi 2008, es aquí que provienen las garantías jurisdiccionales, cuyo procedimiento se determina en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin duda la informalidad que conlleva su impulso procesal hace que las mismas sean accesible a toda clase social, por lo que son destinadas a impedir que se cause perjuicios a grupos vulnerables, marco constitucional que fue la cuna para la creación de otras normas jurídicas como el Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal; pero no todo proceso sea de carácter constitucional u ordinario es perfecto y es de suma importancia analizarse. La Acción Extraordinaria de Protección, es una figura jurídica implementada con la Constitución de la República emitida en el año 2008, cuya competencia para el conocimiento, admisión y resolución es de la Corte Constitucional, procedimiento que se encuentra establecido en la Ley de la materia constitucional la cual no contempla las acciones legales a seguir para casos en que se consideren que los jueces de instancia vulneraron algún derecho Constitucional al Estado ecuatoriano, situación que anteriormente debió reparar económicamente por sentencias “que nunca debió emitirse”, inexistencia actual del procedimiento que determine los pasos a seguir para recuperación de valores cancelados, cuando la resolución de instancia ordinaria es ineficaz jurídicamente por orden Constitucional y lo devengado ya deba regresar al estado anterior: el que nunca debió haberse pagado valores económicos.