Reforma al capítulo de las sanciones disciplinarias contempladas en el reglamento de disciplina de la Policia Nacional del Ecuador - Palacios López, Guillermo Rodrigo (2013)
Tradicionalmente, la reglamentación de los particulares en lo relativo a la policía y buen gobierno ha correspondido, indebidamente al Órgano Ejecutivo, sin base en una Ley de la Asamblea Constituyente, pretendiendo encontrar su fundamento en su legislación; sin embargo en la actualidad el Gobierno Central, pretende dar las bases normativas para regular la actividad de los particulares en lo atingente a los actos que puedan afectar la seguridad ciudadana, moralidad, tranquilidad y salubridad públicas, excluyendo, de la aplicación de la Ley a muchas otras actividades reguladoras de los particulares en materia de policía administrativa que siguen siendo reglamentadas, por las normas que en la actualidad no se encuentran actualizadas. Al ser un fin fundamental del Estado, procurar el bienestar común de la colectividad planificar y programar el desarrollo físico, acrecentar el espíritu de nacionalidad, promover el desarrollo económico y social del país; y entre los medios a su alcance a fin de cumplir sus aspiraciones tiene el ejercicio de la función pública a través de funcionarios, empleados y trabajadores, que operativizan la administración pública y que ejecutan sus actividades para otorgar obras y servicios dentro de la normatividad constitucional, legal y toda disposición que nace del ejercicio del poder público; y que, para lograr su eficiencia, y eficacia se somete a los principios de la supremacía constitucional, aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, legalidad, tutela, responsabilidad, servicio a la comunidad, seguridad jurídica, obligatoriedad, cooperación, celeridad, y transparencia; mediante la racionalización de los recursos humanos, económico, materiales, científicos y técnicos con los que cuenta. Es necesario hacer un estudio de la forma en que incide la no actualización de las leyes y reglamentos internos que regula la estructura y por ende la administración disciplinaria de las servidoras y servidores públicos, lo cual ha generado una constante vulneración a sus derechos fundamentales por no encontrase en armonía con la Constitución de Montecristi.