Responsabilidad Jurídica del Estado por omisión en la regulación y control de agroquímicos peligrosos en Ecuador.

En Ecuador, el uso intensivo de agroquímicos peligrosos genera graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. Esta problemática deriva, en gran medida, de la omisión del Estado en sus deberes de regulación y control. La evidencia empírica y los datos cuantitativos documentan daños s...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mesías Chiriboga, Katherine Valeria (author)
Otros Autores: Salazar Macías, Melanie Alexandra (author)
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:spa
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25513
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Descripción
Sumario:En Ecuador, el uso intensivo de agroquímicos peligrosos genera graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. Esta problemática deriva, en gran medida, de la omisión del Estado en sus deberes de regulación y control. La evidencia empírica y los datos cuantitativos documentan daños significativos en ecosistemas fluviales y terrestres, así como un incremento del riesgo sanitario que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones rurales. Esta investigación analiza la responsabilidad jurídica del Estado ecuatoriano por dicha omisión. Para ello, se evalúa la eficacia del marco normativo vigente y se identifican las debilidades estructurales de las instituciones públicas competentes. El estudio se fundamenta en un análisis dogmático - jurídico, complementando con la revisión de datos cuantitativos sobre el impacto socioambiental, para establecer el nexo causal entre la omisión estatal y el daño generado. Se postula que la falta de control, regulación y sanción configura una omisión institucional que vulnera derechos, como el derecho a la salud y a un ambiente sano. Dicha vulneración se relaciona con el derecho constitucional de los Derechos de la Naturaleza. En este contexto, analizar la responsabilidad del Estado por omisión es fundamental no solo para reparar los daños causados, sino también para promover reformas que garanticen una protección eficaz de la población y los ecosistemas frente a los riesgos que puedan generar estas sustancias.