Efectos de la falta de contestación del recurso de apelación a una resolución sancionadora.

La Administración Pública para cumplir con su objetivo de tutelar los intereses generales y públicos, se encuentra investida con potestades administrativas, las cuales son reconocidas expresamente por el ordenamiento jurídico. Dentro de estas potestades se encuentra la potestad sancionadora que es e...

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Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Romero Orellana, Angie Carolina (author)
Médium: bachelorThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2022
Témata:
On-line přístup:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18613
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Shrnutí:La Administración Pública para cumplir con su objetivo de tutelar los intereses generales y públicos, se encuentra investida con potestades administrativas, las cuales son reconocidas expresamente por el ordenamiento jurídico. Dentro de estas potestades se encuentra la potestad sancionadora que es ejercida a través de los órganos estatales, los cuales pueden ejecutar un control a sus administrados e imponer sanciones administrativas, a través de un procedimiento sancionador. A través de todo procedimiento, los administrados cuentan con mecanismos para garantizar sus derechos y, de igual forma para controlar que la actividad administrativa se adecue al ordenamiento jurídico, por lo que, el Derecho les concede medios de impugnación tanto en vía judicial como administrativa, frente a las decisiones de la Administración. Un medio de impugnación en vía administrativa es el Recurso de Apelación, por lo tanto, el presente trabajo tiene como finalidad analizar los efectos o consecuencias de la falta de Resolución de un Recurso de Apelación dentro del plazo previsto en la normativa en un Procedimiento Sancionador. El Código Orgánico Administrativo en su artículo 230 establece el plazo máximo para resolver un Recurso de Apelación, sin embargo, la falta de claridad de la normativa al no establecer el efecto jurídico frente al pronunciamiento extemporáneo de la Administración Pública dentro del procedimiento sancionador origina que exista un vacío normativo generando inseguridad jurídica a los administrados, problemática que debe ser resuelta por nuestra legislación.