Garantías del derecho al debido proceso y su relación con la exclusión de la prueba ilícita.

Desde la promulgación de la Constitución del Ecuador en el 2008, el país se convierte en un Estado Constitucional de derechos y justicia, en el cual el garantismo es una de las características principales en la administración de justicia, esto quiere decir que este modelo de estado es el único en el que los principios son justiciables, entre estos se encuentran los principios procesales. Tomando esto como referencia, esta investigación tiene como finalidad proporcionar un adecuado conocimiento y aplicación de la norma suprema en el proceso penal. Por esto, es menester que nos dirijamos al “eje central” del proceso, lo cual es la prueba, la licitud y exclusión de la misma, evaluando su forma técnica y jurídica basándonos en doctrinas y teorías que sostienen su exclusión en el proceso de evaluación de la misma, realizado por el juzgador como medio para llegar a la verdad procesal. De esta manera, se encuentra reconocido en la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 4, el cual dispone que en todos los procesos en los que se determine derechos y obligaciones se debe asegurar la adecuada aplicación del derecho al debido proceso, así como las pruebas obtenidas o actuadas contra los lineamientos establecidos en la Constitución o la ley, los cuales, como consecuencia carecerán de validez alguna y de eficacia probatoria. Es por esto que se busca una correcta aplicación de las garantías constitucionales en el proceso, referente a lo establecido en la Constitución y la ley en el proceso probatorio.

• Váldodahkki: Abad Guillem, Paula Marcela (author)
• Eará dahkkit: Chávez Ortega, Steven Alexander (author)
• Materiálatiipa: bachelorThesis
• Giella: spa
• Almmustuhtton: 2021
• Fáttát: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES; DEBIDO PROCESO; ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; LICITUD; EXCLUSIÓN
• Liŋkkat: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16491