La compañía de seguridad privada y la exigencia del certificado de antecedentes penales para sus socios. - Gómez Vélez, José Andrés (2021)
Los socios que forman parte de los diferentes tipos de compañías establecidos dentro de la Ley de Compañías tienen obligaciones como derechos tutelados tanto en leyes especiales como en la Carta Magna. Representa una vulneración a sus derechos que se exija como requisito sine qua non, el certificado de antecedentes penales para la constitución e inscripción de una compañía limitada de vigilancia y seguridad privada. Es evidente que se estaría yendo en contra de norma expresa constitucional generándose un trato discriminatorio. El Reglamento de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, establece que, para inscribir la compañía ya constituida en el registro especial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, C.C.F.F.A.A., se debe adjuntar el certificado de antecedentes policiales de los socios, ente regulador por lo concerniente al porte de armas y control de Empresas que brindan servicios de vigilancia y seguridad privada, sin embargo, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada estipula de forma taxativa quienes no pueden ser socios, entre los cuales están quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada. El objeto general, además de ser el incentivo transcendental en la decisión de elaborar el presente tema investigativo, es el de dar a conocer a estudiantes, profesionales y demás estudiosos del derecho, la vulneración de derechos constitucionales que se está produciendo al exigir como requisito indispensable para el registro de este tipo de compañías los antecedentes policiales de quienes conforman la misma. Produciéndose un estado de indefensión para aquellos socios que en algún momento fueron procesados por haber cometido algún delito y que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, sin haber una distinción si el delito cometido fue doloso o culposo. La metodología utilizada en el presente trabajo de titulación fue de manera inductiva, de forma que el soporte lógico de las premisas se acoge al articulado legal. Produciéndose una situación de discriminación para aquellos ciudadanos rehabilitados que deciden formar parte de una compañía limitada de vigilancia y seguridad privada.