Control jurisdiccional de los actos políticos. - Calderón Ulloa, Adrián Steven (2020)
El control de los actos ejercidos por el gobierno o el ejecutivo ha sido uno de los problemas planteados en la administración española, consecuentemente también en la legislación administrativa ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, cuya concepción es garantista, establece que todos los actos emanados por la autoridad administrativa -y por cualquier miembro del gobierno- deben ser sometidos a jurisdicción constitucional y judicial, por lo que existe la discusión de si se excluye la revisión de los actos políticos de gobierno y si estos, en un momento dado pueden ser revocados en virtud a la tutela efectiva que establece la Constitución del 2008. El texto constitucional ha consagrado una estructura de control destinada a hacer efectivo el control de las actuaciones de la Función Administrativa. Por lo tanto, el control jurisdiccional actúa como última garantía, ya que está destinado a supervisar que los actos de los poderes públicos se emitan conforme a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. El control de los actos ejercidos por el gobierno o el ejecutivo ha sido uno de los problemas planteados por la justicia administrativa española, cuya legislación ha sido fuente del Derecho Administrativo ecuatoriano. El debate sobre la conveniencia o no de que pueda someter a revisión actuaciones de naturaleza política, es un conflicto que ha llevado varios años tratándose en el derecho constitucional y administrativo.