Análisis comparado sobre la mala práctica médica contemplada en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano y el Código Penal Chileno. - Caiza Valladares, Jorge Edison (2016)
La prestación de servicios de salud es una prioridad de los Estados, con la finalidad de que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. En el caso de nuestro país, así lo establece la Constitución de la República (2008), en su artículo 3, que menciona: “son deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. En este sentido, el Estado es el ente regulador, mismo que establece los lineamientos legales, para que sus ciudadanos dispongan de servicios de salud. De igual forma la Constitución en el artículo 32 dice: “la salud es un derecho que garantiza el Estado”. En consecuencia, es responsabilidad del Estado y de las Instituciones públicas vigilar el cumplimiento estricto de ley. La mala práctica médica constituye un delito sin ser sancionado, provocado por ciertos profesionales de la salud tanto de hospitales públicos como clínicas privadas, dejando lesiones irreversibles o la muerte del paciente, lo que genera temor en la ciudadanía, lo que obliga a los Estados a establecer normativas que sancionen drásticamente la negligencia, inobservancia o errores provocados por los profesionales médicos, a fin de generar confianza en la población al momento de acudir por atención sanitaria.