La indeterminación del plazo de prescripción de las sanciones en el Código Orgánico Administrativo.
El presente trabajo tiene como finalidad identificar la problemática y posibles soluciones, respecto a la indeterminación del plazo de prescripción de las sanciones administrativas estipuladas en el Código Orgánico Administrativo, ya que subyace una serie de lagunas normativas, como conflictos norma...
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2025
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25470 |
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| Riassunto: | El presente trabajo tiene como finalidad identificar la problemática y posibles soluciones, respecto a la indeterminación del plazo de prescripción de las sanciones administrativas estipuladas en el Código Orgánico Administrativo, ya que subyace una serie de lagunas normativas, como conflictos normativos que deben ser resueltos. La falta de regulación del plazo de prescripción genera una incertidumbre jurídica que debe ser analizada en la legislación ecuatoriana ya que los administrados deben tener certeza sobre los tiempos de la prescripción de la sanción, como la administración pública tener certeza de aplicar el plazo correspondiente y no cometer actos de arbitrariedad, así como interpretaciones restrictivas de derechos. La investigación analiza las problemáticas sobre la prescripción de sanciones administrativas en el COA, enfatizando cómo la falta de claridad normativa genera inseguridad jurídica. El estudio destaca que la normativa anterior (ERJAFE), carecía de plazos claros para que opere la prescripción, lo que afectaba la certeza de los administrados. Con la entrada en vigencia del COA en 2018, el legislador tenía la oportunidad de aclarar dichos plazos, sin embargo, es una cuestión que no está clara en nuestra legislación actual. Se analiza la prescripción como una figura jurídica que extingue la facultad de cobro de deudas por parte del Estado por el transcurso del tiempo. El documento subraya la necesidad de reformas legislativas para resolver conflictos normativos y evitar interpretaciones restrictivas o contradictorias por parte de órganos administrativos y judiciales. En conclusión, se enfatiza la urgencia de garantizar seguridad jurídica mediante normas claras y aplicadas equitativamente. |
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