Análisis del fin de la pena en el Ecuador. - López Gallo, Gregory Xavier (2019)
Frente a la transgresión de alguna norma corresponde al Estado a través de sus organismos competentes la imposición de una pena, que de por si supone la carga de un mal, o la restricción de derechos, como hoy en día se la ha llegado a concebir; dicha privación de derechos encuentra su justificación solo en la persecución de un fin legítimo. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, la pena en nuestro país, asume una función utilitaria consistente en la prevención general de los delitos, que se bifurca en una corriente negativa o intimidatoria, y en una positiva o integradora. Un modelo de Estado garantista de derechos como el nuestro supone la limitación de la pena, consecuentemente del fin preventivo general negativo y de la intervención del derecho penal, por principios como el de culpabilidad y el proporcionalidad, que facilitaran parámetros para la determinación de penas adecuadas indistintamente del fin que se persiga; además de aquello, tal modelo de Estado demanda la persecución del fin preventivo general por la vía positiva.