Análisis de la causa penal pública N° 02281-2020-00670 por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en relación a la inteligible aplicación de principios rectores y garantías constitucionales del debido proceso penal, dentro de la causa sustanciada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar - Cobo Chimbo, Cintya Alejandra (2021)
El Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en nuestra sociedad se ha convertido en un negocio ilícito, como el narcotráfico y las grandes organizaciones delictivas que se financian mediante la distribución de sustancias estupefacientes. En la legislación penal ecuatoriana se reconoce dos tipos de acción penal contenidas dentro del Código Orgánico Integral Penal, las cuales son el ejercicio de la acción penal pública la cual es impulsada por parte de fiscalía y el ejercicio de la acción penal privada que es impulsada por la parte de la víctima, la que nos corresponde analizar es el ejercicio de la acción penal pública. El presente caso objeto a estudio, es un proceso por el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en esta causa Fiscalía no aplicó los principios y garantías que asisten a una persona aprehendida en delito flagrante, principalmente vulnerando el derecho al debido proceso. El caso inició con la aprehensión de un ciudadano a las afueras de su vivienda, debido a que se encontraba en situación de flagrancia por el delito Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, los agentes de policía encontraron en poder de este ciudadano sobres con marihuana. Posterior a lo expuesto, al llevarse a efecto dicha aprehensión llegó hasta el lugar de los hechos el señor agente fiscal de turno, quien comenzó a interrogar al aprehendido. Cabe indicar que dentro del presente caso a analizar el señor fiscal procede a interrogar a ciudadano y a ingresar al domicilio del mismo, ingresando de manera arbitraria a su domicilio, ya dentro del inmueble del ciudadano encuentra evidencias que obviamente perjudicaban al aprehendido, como sobres con marihuana y cocaína, dicha evidencia se utilizó para formular cargos en contra del señor Diego José Bea Tapia. En el análisis realizado a la presente causa por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el agente fiscal de turno no cumple con las disposiciones que se establecen en el Código Orgánico Integral Penal, pues el agente fiscal omite la aplicación de los principios y garantías establecidos en la Norma Supra y IX el COIP, vulnerando el derecho al debido proceso en la garantía de la defensa ya que se interroga al aprendido en delito flagrante sin la presencia de su abogado defensor. Además, el agente fiscal realizo un allanamiento sin orden judicial en la que se recabo más evidencia que comprometía la situación jurídica del ciudadano, pero dicha evidencia se constituye medio de prueba ilícita ya que fue obtenido con violación a los derechos del procesado que emana la Constitución de la República del Ecuador y lo que dispone el COIP, por ende, se vulneró los principios de legalidad, objetividad, inocencia, prohibición de autoincriminación etc. En la audiencia de calificación de flagrancia el agente fiscal de turno formulo cargos en base a las evidencias encontradas en la vivienda del procesado tras llevarse a efecto un allanamiento, que no conto con una orden judicial emitida por autoridad competente, por lo consiguiente los medios de prueba con los que se formuló cargos recaen en una prueba ilícita ya que fue introducida al proceso irrespetando lo establecido en la Constitución y la ley. El derecho al debido proceso determina que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución y la ley carecerán siempre de eficacia probatoria, es decir, se violentó el derecho a un debido proceso, los principios procesales y demás garantías que tienen que ser aplicadas en un determinado proceso penal. Este trabajo investigativo consta de cuatro capítulos, el primer capítulo contiene la presentación del caso investigado, capítulo dos se encuentran los antecedentes del caso y la fundamentación teórica y jurídica sobre los principios y garantías constitucionales que asisten a una persona que se encuentra en situación de flagrancia, en el capítulo tres se detalla la descripción de trabajo investigativo realizado. El cuarto capítulo contiene los resultados e impacto de la investigación y por último se emiten las conclusiones a las que se llegó en el análisis efectuado en la causa penal.