“La inobservancia de la Ley Orgánica de Discapacidades, vulnera los derechos de las personas con capacidades especiales, en el cantón San Miguel de Bolívar, durante el año 2013”. - Gaibor Muñoz, Adriana Isabel (2013)
La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que los países deben garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud apropiados, incluida la atención sanitaria general y servicios de habilitación y rehabilitación, y no sufran discriminación en la prestación de servicios de salud (artículos 26 y 28). La Organización Mundial de la Salud, apoya activamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas en estas esferas. Cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, también es oportuno hacer relación a la Constitución de la República 2008, en su Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada. Es decir, tanto a nivel internacional como nacional existen disposiciones legales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, tales como la inclusión, el libre acceso, la educación, la salud, atención prioritaria por ser considerados grupos vulnerables. Por esta razón, nuestra investigación está orientada a identificar si estos derechos consagrados en normas internacionales y nacionales se están cumpliendo en la ciudad de San Miguel Bolívar, o es, únicamente declaraciones líricas como ha sucedido en otros casos. Estos grupos considerados vulnerables y que históricamente se han mantenido al margen de los servicios elementales como: educación, salud, aspecto laboral, vivienda, etc. Actualmente en el Ecuador cuentan con una norma jurídica como es la Ley Orgánica de Discapacidades, que garantiza un estado de igualdad de oportunidades, de esperanza de mejores días, siempre y cuando, por parte de autoridades y funcionarios públicos y de la ciudadanía en general, respeten y se aplique de forma adecuada la Ley, caso contrario los derechos de este sector están vulnerados, no por falta de un esquema jurídico sino por indiferencia de quienes son los encargados de la aplicación de la Ley.