La prevención del delito de femicidio como política pública y su incidencia en el respeto a los derechos de las víctimas.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la prevención del tipo penal de femicidio como política pública y su incidencia en el respeto a los derechos de las víctimas, para lo cual se realiza un análisis bibliográfico de la normativa y políticas públicas con las que cuenta el Estado ecu...

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主要作者: Gutiérrez Ortiz, Jennifer Karina (author)
格式: bachelorThesis
语言:spa
出版: 2023
主题:
在线阅读:https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/4797
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实物特征
总结:La presente investigación tiene como objetivo analizar la prevención del tipo penal de femicidio como política pública y su incidencia en el respeto a los derechos de las víctimas, para lo cual se realiza un análisis bibliográfico de la normativa y políticas públicas con las que cuenta el Estado ecuatoriano. El femicidio se presenta como una de las realidades más graves, por cuanto es la forma más inhumana de violencia contra la mujer, misma que se genera a partir de otros fenómenos como, el machismo y los estereotipos de género, los cuales históricamente han sido perpetrados, repetidos y aceptados por la sociedad como actos normales; ante este fenómeno el Estado ha implementado políticas públicas y normas legales enfocadas en prevenir la violencia contra la mujer. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, para obtener los resultados de la investigación se aplicó la técnica de la entrevista a los profesionales del derecho y jueces, quienes desde su experticia conocen de cerca la realidad por la cual se produce el femicidio y las políticas públicas implementadas para su prevención. Los resultados de la investigación demuestran que, a pesar de la existencia de estas leyes especiales en Ecuador, las estadísticas indican que, las políticas públicas implementadas para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres no han logrado ser efectivas para prevenir y erradicar los delitos de femicidio, de la misma manera se evidencia que el Estado debe implementar políticas públicas concretas, medibles y, por tanto, evaluables enfocadas en la realidad social por las cuales atraviesan las víctimas.