Análisis de la Causa N° 17811-2017-01246 sobre la vulneración de las normas relativas al debido proceso. - Fierro Vera, Jesús Francisco (2022)
El control de legalidad de los actos administrativos constituye un límite frente a las actuaciones del poder público instituyéndose como una garantía del Estado de Derecho, cuya base es la convivencia armónica en beneficio de la estabilidad social y la seguridad jurídica. En este contexto la presente investigación aborda lo concerniente a la presunción de legalidad y debido proceso en la expedición de los actos administrativos. El presente estudio de caso, analiza la causa signada con el N.º 17811-2017-01246 en relación con la vulneración de las normas relativas al debido proceso en los procesos contencioso administrativos. Según la causa antes referida el Ing. Villacreses, contratista del Estado, ejecutó una obra contratada por la Secretaría de Gestión de Riesgos quienes a través del área de supervisión técnica examinaron y aprobaron las obras el 18 de febrero del 2011 al haber sido concluidas y entregadas satisfactoriamente. Mas adelante la Contraloría General del Estado (CGE) realizó un proceso de auditoría a la sub área gestión de proyectos y ambiental siendo Con cargo al plan operativo anual del año 2013 con orden de trabajo del 10 de julio del 2013, el examen de auditoría concluyó que el contratista se benefició de un pago en exceso de las obras a su cargo signadas con los números 4 y 5 por la falta de motivación en el rediseño de obra e incumplimiento de cláusulas contractuales al inaplicar la formula polinómica y cuadrillas constantes en el contrato. Tras los resultados definitivos del informe de auditoría se determinaron responsabilidades civiles y administrativas conminándole al contratista al pago de una orden de reintegro con fecha 8 de mayo del 2015 por rubros no contractuales cuyo valor asciende a 139.096.58. En el año 2017 el contratista presentó un recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de Quito por una aparente inobservancia de las normas del debido proceso por incumplimiento de las normas y derechos de las partes contenidas en la orden de reintegro, tras lo cual en sentencia el tribunal confirmó la legitimidad de la resolución emitida por la CGE. El contratista impugnó dicha sentencia ante la Corte Nacional de Justicia, misma que resolvió que la CGE inobservo lo relativo a la “Tutela Judicial Efectiva” al aplicar una sanción fuera de los tiempos establecidos en el art.- 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado pues había operado la caducidad de la facultad de control, siendo este hecho circunstancial el imperativo categórico del presente trabajo que se llevará cabo a través de la siguiente estructura: El Capítulo I concierne todo lo relativo al planteamiento del problema donde se ejemplifica el accionar público desde la perspectiva teórica y práctica de la actuación del Estado. En cuanto al Capitulo II, se contextualiza el caso, analizando los elementos epistemológicos, jurídicos, respecto al debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de legitimidad de los actos administrativos y caducidad de la acción de control de CGE. En el Capítulo III se describe el trabajo para finalmente presentar los resultados y determinar las conclusiones.