IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) BASADA EN LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL PMI EN LA EMPRESA PROHIDRO EC. - Medina León, Fresia Omaira. (2016)
Con el fin de asegurar el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, el Estado ecuatoriano ha constituido empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos. Dichas empresas se han convertido en instrumentos de soporte para alcanzar los objetivos de la planificación nacional, lo que les da el carácter de estratégicas en la estructura institucional del Estado (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2011). La Constitución de la República del Ecuador (2008) define los principios y mandatos para la gestión hídrica en el país, entre los cuales están el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la consideración del agua como un derecho humano fundamental, de los usuarios y consumidores, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, la propiedad del agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable, la consideración del agua como parte de la cultura y como un recurso que requiere un marco legal y una nueva institucionalidad para su gestión. En el Ecuador, la gestión del recurso hídrico es una tarea prioritaria y permanente que debe realizarse en todo el territorio con miras a racionalizar su conservación y el mejor aprovechamiento. Para tal efecto, producto de la reorganización de las competencias de la autoridad única del agua, se crea la Agencia Reguladora y la Empresa PROHIDRO EC mediante decreto ejecutivo en el año 2014. En este sentido, la Agencia Reguladora es la responsable de tramitar, investigar y resolver controversias que se susciten entre los miembros del sector y los ciudadanos, mientras que PROHIDRO EC es la encargada de implementar todos los mecanismos necesarios para contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica; así como, asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios públicos y comunitarios del agua; y, realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamientos del agua.