El Estado Constitucional de inocencia y la prisión preventiva adoptada como medida de protección social

Tal como la humanidad ha ido evolucionando, las leyes han ido ajustándose a cada una de las sociedades según sus credos, costumbres, cultura, entre otras variables. La Constitución de la República menciona: “el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano...

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Coronel Núñez, Guido Estuardo (author)
Materyal Türü: masterThesis
Dil:spa
Baskı/Yayın Bilgisi: 2016
Konular:
Online Erişim:http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17849
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Özet:Tal como la humanidad ha ido evolucionando, las leyes han ido ajustándose a cada una de las sociedades según sus credos, costumbres, cultura, entre otras variables. La Constitución de la República menciona: “el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laica…”. Un tema de continua discusión es la que precede a la prisión preventiva que tiene como finalidad garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena convirtiéndose en una medida cautelar que en ciertos casos va contra la presunción de inocencia, existiendo excesos en su aplicación convirtiéndose en un acto arbitrario e injusto para el imputado cuya responsabilidad no ha sido probada yendo contra los principios básicos del Estado y de los Derechos Humanos. El objetivo general de la investigación es el de analizar el estado constitucional de inocencia y la prisión preventiva adoptada como medida de protección social en la sociedad ecuatoriana. La metodología a utilizar es la investigación cualitativa, cuyo inicio contempla una breve revisión requerida para abordar el tema del conocimiento, que parte desde su naturaleza epistemológica que permite concretar conceptos de la realidad. Como resultado se obtuvo que los especialistas en derecho señalen que la prisión preventiva no puede ser tomada como una medida para proteger a la sociedad de individuos que todavía no se ha probado si son culpables o inocentes. La protección social debe estar ejercida por los organismos pertinentes, con la intensión de que el individuo cuente con el debido proceso para que pueda defenderse de la acusación que se le imputa.