La figura del abandono y la tutela judicial efectiva

En un Estado constitucional de derechos y justicia social, como es el ecuatoriano desde el año 1998, hay doctrinantes que afirman lo es desde el 2008, a la o al Operador Judicial le incumbe tutelar derechos y debe proteger que se cumplan las garantías que hacen efectivo el derecho al debido proceso...

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Tác giả chính: Ortíz Velasco, Víctor Hugo (author)
Định dạng: bachelorThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2019
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10250
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Tóm tắt:En un Estado constitucional de derechos y justicia social, como es el ecuatoriano desde el año 1998, hay doctrinantes que afirman lo es desde el 2008, a la o al Operador Judicial le incumbe tutelar derechos y debe proteger que se cumplan las garantías que hacen efectivo el derecho al debido proceso previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo uno de ellos el del Juez natural o Juez competente. Por lo que a criterio del Juzgador, no se puede coadyuvar a la vulneración del mismo con criterios que se aparten de la normativa legal indicada y, mucho menos, dejar de aplicar el principio de jerarquía constitucional. Pues esto significaría quedarse en argumentaciones jurídicas enmarcadas en la arcaica legalidad, que ignora la conformidad de las reglas infra constitucionales con las disposiciones del bloque de constitucionalidad, y una actuación judicial en garantía de los derechos, en especial el del debido proceso, y el de la seguridad jurídica que les asiste a las personas usuarias de la Administración de Justicia. (Corral, 2011) Es así como la Constitución de la República, establece en su Art. 1 que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Conllevando tal postulado a afirmar la palabra “justicia” como una de las finalidades primordiales del Estado, para su aseguramiento (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 9). De tal modo cabe recalcar que el Estado asume en exclusiva la titularidad de esa potestad, para lo cual es preciso recordar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva mimo que garantiza a las personas su derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para que, a través de un debido proceso y en ejercicio de sus derechos y garantías, obtengan decisiones judiciales debidamente sustentadas en derecho respecto de sus pretensiones e intereses sin más limitaciones que las previstas por la Constitución y la Ley.