La consulta de las sentencias adversas al sector público y los derechos de igualdad e imparcialidad del sector privado - Alava Párraga, Freddy Rolando (2018)
Históricamente hablando, la consulta de sentencias adversas al sector público, han estado regladas por la ley, pero a medida que se ha desarrollado el derecho, con el surgimiento de las garantías y derechos constitucionales, especialmente lo que se refiere a los derechos de igualdad, imparcialidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva aplicada por parte de los operadores de justicia, existe en la actualidad la necesidad de garantizar que las partes actúen en igual de condiciones, respetando lo que contempla la Constitución y las normas internacionales, es decir, que la consulta de sentencias adversas no se lo haga únicamente en relación al sector público sino también al sector privado o en su defecto dejar de lado la figura de la consulta, a fin de que las partes que se sientan afectadas interpongan el recurso sea de apelación o el que corresponda, contra la sentencia dictada. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, precisa que “la consulta no se trata de un recurso, puesto que nadie lo interpone” (Devis Echandia, 2012, p. 571), la consulta no la interponen las partes, es una obligatoriedad que la ley establece en favor del sector público, a diferencia de la apelación que es un recurso que interpone la parte que se siente afectada contra la resolución o sentencia que emite el Juez. La consulta no tiene un determinación exacta de origen sin embargo de aquello la apelación como recurso tiene antecedentes romanos en la materia, así como el “Derecho Romano bárbaro del Liber Iudiciorum, las Partidas de Alfonso el Sabio y el Derecho Castellano Indiano” (Suárez, 2014) , por cuanto, en la antigüedad la resolución o sentencia emitida por la autoridad tenía el efecto de cosa juzgada y nada se podía hacer para rever tal decisión, pero con el trascurso del tiempo, con la evolución del derecho se instauró recursos con el ánimo de poder verificar si la decisión tomada por la autoridad se encuadra en derecho o la misma se debe dejar sin efecto.