Régimen penitenciario y política criminal

El problema penitenciario aparece vinculado generalmente a subterfugios estructurales y de política económica, así como a los desvíos de la conducta jurisdiccional que condena y transforma a la pena de prisión en un recurso abusivo que pretende devolver a la sociedad una sensación de confianza y seg...

Cur síos iomlán

Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir: Arguello Cifuentes, Carmen Alicia (author)
Formáid: masterThesis
Teanga:spa
Foilsithe / Cruthaithe: 2010
Ábhair:
Rochtain ar líne:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3887
Clibeanna: Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
Cur síos
Achoimre:El problema penitenciario aparece vinculado generalmente a subterfugios estructurales y de política económica, así como a los desvíos de la conducta jurisdiccional que condena y transforma a la pena de prisión en un recurso abusivo que pretende devolver a la sociedad una sensación de confianza y seguridad que parecen perdidas. Muchos países de América Latina sufren de este mal y no es el Ecuador un caso excepcional, aun cuando su tasa de reclusión ha disminuido en los últimos dos años, gracias a las políticas gubernamentales implementadas. Es necesario hacer una digresión, en virtud de que no todo preso liberado garantiza el cumplimiento fiel de la ley, porque los procesos son muy largos y afectan de manera capital el curso de la justicia y el derecho, como armas políticas del sistema, para la protección y cuidado de la comunidad. La falta de un sistema de justicia más expedito y eficiente aporta negativamente al hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. Es necesario entonces aplicar políticas de seguridad en un estado de derechos no sólo al interior del país sino también en los recintos penitenciarios comunes. Pues es evidente que el Derecho Penal es un instrumento de comunicación social que conecta al interno con la sociedad para su reinserción como persona útil a los interese de ese mismo Estado y de la comunidad en su conjunto. El orden y la seguridad ciudadanas no pueden conducirnos a un miedo generalizado y caótico que victimice al procesado al punto de convertirlo en huésped de una “reclusión antojadiza”, nacida de la anarquía y el desgobierno, como un subproducto de cálculos políticos y de la temeridad. La alarma social obstaculiza la comunicación a la que hacemos referencia agudizando aún más la problemática del sistema propiamente dicho. Se hace necesario afinar algunos datos para establecer la real capacidad de los centros de rehabilitación en el país. Lamentablemente, la información sobre la situación jurídica y el número de reclusos en las dependencias policiales no pueden obtenerse con facilidad por problemas logísticos y de recursos con los que se cuenta.