La valoración probatoria frente al principio de inocencia en el procedimiento disciplinario - Alvarado Villavicencio, María Soledad (2023)
El ámbito del Derecho es tan amplio que siempre es conveniente que el futuro abogado escoja una especialización. Se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. Hay que poner de relieve que el derecho administrativo es aquel que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración, en lo que se ha venido a denominar un «derecho de la desigualdad». (Rodriguez Ayuso, 2020). La importancia del Derecho Administrativo radica en la capacidad que este tiene para organizar y establecer un orden en el funcionamiento de diversos tipos de cargos y funciones que, en definitiva, afectan la calidad de vida de la población. Toda la vida del ciudadano, desde su nacimiento hasta su muerte, se encuentra regulada por esta especialidad del Derecho. En 2020, una bacteria ocasionó estragos en el planeta, lo que desencadenó una pandemia mundial, en la región de las Américas hay repercusiones que afectan la calidad de vida de las personas; desde los años ochenta del siglo pasado, fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos han modificado profundamente el sistema jurídico. El proceso contencioso administrativo, es el cauce natural para la discusión y resolución de los litigios, termina con la sentencia dictada por el juez en representación del Estado, en el que por lo menos una de las partes es el Estado. (Pallares Alzamora, 2021). En este sentido, se tiene al Derecho Administrativo sancionador como el Sistema represivo o de castigo que el ordenamiento jurídico encomienda a la Administración y que forma parte, junto al derecho penal, del iuspuniendi del Estado que castiga con sanciones administrativas los ilícitos menos graves. (Española, s.f.). La presunción de inocencia, es uno de los más importantes logros del producto intelectual humano en materia de derechos, pues se erige como un principio fundamental que siendo elevado a rango constitucional y legal en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, consagra y garantiza al ciudadano sometido al derecho contemporáneo a un proceso en el que, de forma primaria y fundamental se lo reconoce como inocente de toda imputación que se formule en su contra, manteniéndola siempre incólume a lo largo de todo el desarrollo de un proceso, permitiendo solo en casos de excepción su prisión preventiva bajo ciertos requisitos legales, para solo luego de una sentencia o resolución que causando ejecutoriada lo declare culpable o responsable de una determinada infracción. (Aguilar Garcia & Andrade Guambaña , 2006).