Vulneración de los principios de proporcionalidad e inocencia en la aplicación de la pena del art. 380 inciso tercero del código orgánico integral penal

Nuestra vigente Constitución de la República con una orientación eminentemente garantista establece los parámetros jurídicos necesarios tendientes a una efectiva realización de los derechos; dentro de ellos y quizá el de mayor transcendencia es el denominado debido proceso. Efectivamente el artículo...

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Autor principal: Díaz Jumbo, Orfila Teresa (author)
Format: masterThesis
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Publicat: 2016
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Accés en línia:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4707
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description Nuestra vigente Constitución de la República con una orientación eminentemente garantista establece los parámetros jurídicos necesarios tendientes a una efectiva realización de los derechos; dentro de ellos y quizá el de mayor transcendencia es el denominado debido proceso. Efectivamente el artículo 76 del cuerpo normativo antes indicado manifiesta que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”, mencionando a continuación cuales con esas garantías básicas. En su numeral 6 expresa que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones…” por tanto el principio de proporcionalidad es uno de aquellos que debe primar en toda acción judicial en el que se impondrá sanción.
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spelling Vulneración de los principios de proporcionalidad e inocencia en la aplicación de la pena del art. 380 inciso tercero del código orgánico integral penalDíaz Jumbo, Orfila TeresaPrincipio de ProporcionalidadNuestra vigente Constitución de la República con una orientación eminentemente garantista establece los parámetros jurídicos necesarios tendientes a una efectiva realización de los derechos; dentro de ellos y quizá el de mayor transcendencia es el denominado debido proceso. Efectivamente el artículo 76 del cuerpo normativo antes indicado manifiesta que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”, mencionando a continuación cuales con esas garantías básicas. En su numeral 6 expresa que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones…” por tanto el principio de proporcionalidad es uno de aquellos que debe primar en toda acción judicial en el que se impondrá sanción.En un estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, el debido proceso constituye un pilar fundamental al ser un medio para la realización de la justicia y la tutela judicial efectiva. Dentro de las garantías básicas del debido proceso, encontramos el principio de proporcionalidad según el cual exige que la ley determine sanciones proporcionales a las infracciones, esto es, que de acuerdo la naturaleza de la infracción y al grado de vulneración del bien jurídicamente protegido se debe determinar la pena. Sin embargo de esta norma constitucional, existen aún determinadas infracciones para las que no se ha establecido una sanción proporcional, lo cual ha dado como resultado un desequilibrio en la sociedad y el criterio de que la pena no está cumpliendo su finalidad de constituirse en una forma de prevención general para la comisión de delitos como expresa el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal; dentro de estas infracciones sancionadas de manera desproporcional encontramos al delito de daños materiales ocasionadas en accidentes de tránsito tipificado en el artículo 380 del Código en referencia. El presente trabajo investigativo destaca la trascendencia del principio de proporcionalidad como una garantía básica del debido proceso; el mismo que es verificado en el análisis de un caso práctico de un accidente de tránsito que se adecúa al tipo penal del artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal del que se concluye precisamente que al sancionar esa conducta no se observa una efectiva aplicación de este principio. Como resultado lógico de la conclusión a la que se llega, surge la propuesta para subsanar la problemática, propuesta que no puede ser otra que sugerir una reforma legal a fin de que observando la norma constitucional se establezca al delito de daños materiales ocasionados en accidente de tránsito una sanción proporcional a la vulneración al bien jurídicamente protegido que ocasiona. Se aspira a que mediante estos espacios académicos los entes encargados de la administración estatal y en especial el órgano encargado de la creación y modificación de la ley, adecúe la normativa a las necesidades de tiempo y espacio que exige la sociedad ecuatoriana actual.Granja Zurita, Diego Francisco2016-09-23T14:26:07Z2016-09-23T14:26:07Z2016-09info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTUAEXCOMMDP033-2016http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4707spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2016-09-23T14:26:07Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/4707Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552016-09-23T14:26:07Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse
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