Determinación de la naturaleza jurídica de las recomendaciones de la contraloría general del estado - Solano Moreno, María Soledad (2023)
El control gubernamental ejercido por la Contraloría General del Estado, como valor agregado a los informes de auditoría, emite recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio e inmediato para quienes están dirigidas; por tanto, siendo la Constitución de la República del Ecuador, el instrumento normativo supremo que otorga al Estado el máximo deber como garante del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el actuar de la administración pública, es el Estado a través de su organismo competente, en este caso la Contraloría General del Estado, a quien le corresponde dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de auditoría. A través del presente estudio se establece como las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General del Estado, carecen de una determinación clara de la naturaleza jurídica, basada en su contenido y alcance; situación que, genera confusión en los administrados respecto de si constituyen actos administrativos o actos de simple administración, por cuanto pueden llegar a generar efectos jurídicos individuales o generales directos, pero que carecen de mecanismos de impugnación. En los materiales y métodos quedó definido que es una investigación cualitativa porque no se cuantifican los resultados obtenidos; el alcance de investigación fue descriptivo, los métodos aplicados inducción – deducción, análisis – síntesis, enfoque del sistema, la técnica utilizada fue la entrevista a cinco profesionales entendidos en el control ejercido por la Contraloría General del Estado. Finalmente, la discusión permitió recopilar toda la información abarcada en la investigación para deducir que las recomendaciones son consideradas actos de simple administración según el criterio de los profesionales y de la Corte Constitucional del Ecuador. No obstante, se concluye demostrando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa de los destinatarios de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General del Estado, por no existir mecanismos que permitan impugnarlas.