La extinción de dominio en la lucha contra la corrupción y el principio de eficiencia - Muñoz Quintanilla, Alexis Daniel (2020)
La corrupción es un fenómeno social que afecta a todas las sociedades en diversos grados o medidas (Miranzo, 2018, pág. 1). En consecuencia, no se puede hablar acertadamente de sociedades donde la corrupción sea un fenómeno completamente eliminado, sino aquellas que tienen un grado mínimo de corrupción y otras en que se llega a su máxima expresión, en dependencia de los criterios o metodologías de medición que se utilicen. En el contexto de la globalización actual, que trae consigo una celebración de las interrelaciones individuales y empresariales y una desregulación a nivel internacional, se favorece más que nunca el incremento de muchas formas de criminalidad que detonan en actividades consideradas corruptas (Rincón, 2018, pág. 130). Por ello, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han adoptado diferentes mecanismos e instrumentos regulatorios para prevenir y atacar la corrupción. Por ejemplo, la ONU adoptó en 2004 la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en cuyo prefacio se afirma que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana (ONU, 2004). La finalidad de dicha Convención, según su artículo 1, es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. La OEA por su parte aprobó en 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA, 1996) y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación en 2002 (OEA, 2002).