La conciliación en el procedimiento directo de infracciones de tránsito, el principio de incidencia y la seguridad jurídica

En el 2008 cuando se puso en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, dentro de la prenombrada Carta Magna existen varios derechos y garantías constitucionales, entre unas de ellas y la más importante es el Derecho al Debido Proceso, el cual es un principio constitucional y además...

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التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Vásquez Lóez, Giovanna Katiuska (author)
التنسيق: masterThesis
اللغة:spa
منشور في: 2017
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6390
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الوصف
الملخص:En el 2008 cuando se puso en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, dentro de la prenombrada Carta Magna existen varios derechos y garantías constitucionales, entre unas de ellas y la más importante es el Derecho al Debido Proceso, el cual es un principio constitucional y además es considerado como un principio procesal de carácter universal por la comunidad jurídica internacional. El debido proceso se encuentra contemplado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en que hallan establecidos siete numerales relacionados con las garantías básicas del principio del debido proceso. De una vista amplia y genérica, es imperativo indicar que dentro de los juzgados y tribunales del Ecuador, los procesos judiciales se sustancian con lentitud sin respetar las garantías constitucionales del debido proceso. Esta situación implica una vulneración constante de los derechos de las partes procesales dentro de las respectivas causas en el sistema de administración de justicia. Lo mencionado, constituye una situación crítica en el país, en la cual la víctima no goza de todos los derechos procesales y fundamentales, más bien es el victimario quien de forma mayoritaria y recurrente suele gozar de estas garantías. En consecuencia, resulta ilógico y contradictorio el considerar que la persona quien recibió el agravio a sus bienes jurídicos de parte de otro individuo, sea también vulnerada en el proceso. Debe destacarse que esta problemática se evidencia de forma más preocupante en los procesos penales, dado que estos por su naturaleza son los que más garantías deben ofrecer y satisfacer para las partes procesales, aunque por el contrario en estos procesos es donde se aprecia mayores vulneraciones procesales y constitucionales.