Análisis de la vulneración del principio de celeridad en el habeas corpus en el cantón Latacunga, Ecuador

La constitución de Montecristi de 2008 reconoce un amplio catálogo derechos y garantías jurisdiccionales que satisface principios fundamentales de las personas. El habeas corpus con origen en Roma Imperial reconoce los derechos de las personas privadas de su libertad de manera ilegal, arbitraria o i...

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Tác giả chính: Chasi Toca, Fernando Marcelo (author)
Định dạng: masterThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2022
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14704
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Tóm tắt:La constitución de Montecristi de 2008 reconoce un amplio catálogo derechos y garantías jurisdiccionales que satisface principios fundamentales de las personas. El habeas corpus con origen en Roma Imperial reconoce los derechos de las personas privadas de su libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegitima. El habeas corpus reconocido en la constitución de la república tiene la finalidad de proteger el derecho de libertad individual de las personas privadas de ella, también el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, y más derechos conexos de libertad, también reconoce el principio de celeridad procesal que implica carácter expedito, ágil y eficaz en los procesos judiciales. El estudio se basa en el análisis del principio de celeridad en el habeas corpus, es de modalidad cualitativa, según su taxonomía es de tipo transversal, observacional y descriptivo enmarcado en las tipologías jurídicas socio-jurídica y dogmático jurídica. Se evidencia la vulneración del principio de celeridad por el incumplimiento de términos y plazos en los procesos de habeas corpus, la constitución de la república como la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional regulan su procedimiento indicando que una vez presentado el recurso el juez tiene veinte y cuatro horas para señalar audiencia, y finalizada la audiencia tiene veinte y cuatro horas para notificar sus resoluciones por escrito. Los administradores de justicia tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley para garantizar los derechos y garantías reconocidos en el marco jurídico constitucional del estado ecuatoriano.